LO ÚNICO QUE IMPORTA ES TENER A QUIÉN CULPAR

AUTOR

Laura Ferraris

El Presidente Javier Milei, en Mar del Plata, gritó con un megáfono —más como un vecino enfurecido que como un jefe de Estado— frente a una multitud: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Luego, fiel a su estilo, oficializó mediante un decreto la inclusión del tratamiento de proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias que comenzaron el lunes 2 de febrero.

La consigna ¨delito de adulto¨ es, además de efectista, conceptualmente falsa. Los delitos son delitos con independencia de quién los comta; lo que sí existen son agravantes y responsabilidades diferenciadas, como ocurre -por ejemplo- con los delitos de lesa humanidad que este mismo gobierno se empeña en relativizar y negar. También existen delitos cometidos desde el poder: difundir una estafa piramidal siendo Presidente de la Nación, instigar al odio, promover la violencia simbólica y material desde un cargo institucional. Ninguno de ellos ha sido pagado por quien los cometió. ¿Dónde quedó entonces eso de “el que las hace, las paga”? El Estado no puede pretender que la Justicia “repare” a posteriori y con castigo, lo que el propio Estado no supo prevenir, contener y garantizar. Los llamados “delitos de adultos” cometidos por jóvenes no aparecen de la nada: son el reflejo directo de una sociedad adulta que falló en ofrecer condiciones materiales, simbólicas y afectivas para que esos pibes puedan crecer fuera de la violencia.

Menem y Bullrich manifestaron su apoyo a esta iniciativa. Martín expresó: “En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”. Patricia Bullrich reforzó esa línea con un mensaje aún más explícito: “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”.

La ex ministra de Seguridad fue más allá en entrevistas posteriores: “Ojalá logremos los 13 o 14 años como se viene planteando, aunque si me pregunta a mí, creo que debería ser incluso un poquito menos; actualmente la discusión se centra más bien alrededor de los 12 y 13 años”. No se trata solo de bajar la edad: se trata de empujarla lo más abajo posible.

En el Congreso, lxs legisladorxs sanjuaninxs vinculadxs a Producción y Trabajo (partido oficialista) se manifestaron a favor de la baja de la edad de imputabilidad —Nancy Picón presentó su propio proyecto el año pasado— y el bloque de La Libertad Avanza, como era previsible, se alineó sin fisuras con la postura nacional. Por el contrario, Andino y Tapia expresaron su rechazo y cuestionaron la falta de incentivos educativos y el recorte sistemático de programas destinados a adolescentes.

Este tema suele reaparecer en la agenda pública luego de casos protagonizados por adolescentes, amplificados hasta el hartazgo por los medios de comunicación. Los medios, una vez más, allanan el camino para que el gobierno instale sus marcos de discusión, construyendo climas de miedo funcionales a políticas regresivas.

Pero ¿qué es exactamente lo que el gobierno quiere reformar? Actualmente, la Argentina se rige por la Ley 22.278, sancionada en 1980, conocida como Régimen Penal de Minoridad. Allí se establece que no es punible el menor de 16 años. Tampoco lo es el menor de 18 años por delitos de acción privada o reprimidos con penas de hasta dos años de prisión, multa o inhabilitación.

Si hay algo cíclico en la Argentina es que, cada cierto tiempo, vuelve a instalarse en el centro del debate la baja de la edad de imputabilidad. Las reflexiones siempre son las mismas: Si está bien que se mantenga en los 16 años, si debería bajarse a los 12 o 13, si “delito de adulto, pena de adulto”. Mucho anhelo de castigo y muy poca voluntad de discutir educación, condiciones de vida, políticas públicas y leyes que garanticen oportunidades reales para lxs pibes.

Empiezo por el repaso básico: la edad de imputabilidad es la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser responsabilizada penalmente por un delito. En Argentina, actualmente, esa edad es de 16 años.

Se trata de una legislación heredada de la dictadura, anterior a la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), y que debería haber sido adaptada a sus estándares. No responde a un paradigma de derechos humanos, pero al menos garantiza ciertos mecanismos mínimos de protección para lxs menores (como insisten en llamarlxs algunos sectores).

La modificación que hoy se impulsa, bajo el argumento de la “desactualización”, no busca actualizar la ley desde un enfoque de derechos, sino desde una lógica policial. La desactualización no se mide en términos de garantías, sino en función de cómo operan las bandas delictivas. Como el Estado no logra enfrentar al crimen organizado, decide correr el foco hacia lxs niñxs y adolescentes que son utilizados por ese mismo entramado y, de paso, que caigan en la misma bolsa, los desprotegidos, vulnerables y pibes que ante la desesperación toman malas decisiones.

El argumento se completa con la criminalización del consumo problemático. Se afirma que la drogadicción empuja a lxs jóvenes al delito, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad en la prevención, el abordaje comunitario y las políticas de cuidado. Se patologiza y se castiga lo que antes se decidió abandonar.

Pero vayamos a la normativa internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño establece derechos específicos: vida, educación, salud, familia e inclusión social. También fija la necesidad de una responsabilidad penal diferenciada, obligando a los Estados a establecer una edad mínima por debajo de la cual se presume que lxs niñxs no tienen capacidad para infringir leyes penales. Y, para mayores de 16 años, exige sistemas especializados, con jueces y abogadxs capacitadxs y medidas socioeducativas que prioricen la reinserción por sobre el encierro.

Resulta llamativo, además, el criterio selectivo con el que el gobierno nacional decide cuándo respetar los acuerdos internacionales y cuándo ignorarlos. Cuando Javier Milei fue cuestionado por declaraciones asociadas al nazismo, se escudó rápidamente en tratados internacionales de derechos humanos —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)— para invocar la libertad de expresión y defenderse de las críticas. Sin embargo, a la hora de legislar sobre adolescencias, esos mismos compromisos desaparecen del horizonte. La política criminal que se impulsa no parte de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, a los que la Argentina adhiere con jerarquía constitucional, sino de una mirada punitivista, adultocentrista y regresiva que prioriza el castigo por sobre la protección. El problema no es que la legislación vigente deba modificarse, sino que la reforma debería orientarse a adecuarla plenamente a esos tratados, que hoy el propio Estado incumple. La función del Estado no puede ser empeorar las condiciones de vida de lxs adolescentes, sino ampliarlas y garantizarlas.

Bajar la edad a 14 o 13 años implicaría un retroceso histórico, un regreso al viejo paradigma punitivo, en abierta contradicción con la Convención y con décadas de avances en materia de derechos de niñxs y adolescentes.

¿Cuál es la situación real en la Argentina? No existen datos oficiales completos y sistematizados sobre cuántxs jóvenes están en conflicto con la ley ni sobre las condiciones reales de las instituciones donde son alojadxs. Lo que se conoce surge de denuncias reiteradas: violencia institucional, hacinamiento, torturas, vulneración de derechos básicos. El Estado no se pregunta cómo viven lxs jóvenes: solo quiere tener la herramienta legal para encerrarlxs cada vez más temprano.

¿La cárcel va a solucionar algo? El sistema penitenciario argentino está colapsado, deteriorado y abandonado. No hay políticas reales de reinserción, ni acompañamiento al egreso, ni condiciones mínimas de dignidad. Encerrar más pibes en un sistema que ya fracasa no es una solución: es profundizar el fracaso.

El gobierno que se autoproclama “de la libertad” muestra un interés obsesivo por encerrar pibes, criminalizar la protesta, demonizar la organización colectiva y atacar toda forma de participación. Lo hace fogoneando discursos de odio que enfrentan a la sociedad contra sí misma y desplazan la bronca hacia lxs más vulnerables.

Este debate es necesario, pero no para volver a una lógica punitivista. Es necesario para discutir qué necesitan realmente lxs pibes para no terminar atrapadxs en circuitos de violencia. Salud, techo, comida y educación son derechos básicos. El deporte, la recreación y el acceso al arte no son lujos: son políticas de prevención.

En una sociedad que fomenta el consumo, el individualismo y la competencia salvaje, lxs pibes son de lxs más castigadxs. El Estado nacional desfinancia la educación, recorta programas deportivos, culturales y de salud pública, y luego pretende cargar sobre esos mismos pibes el peso de la ley penal.

El corrimiento del Estado de su rol como garante de derechos genera un escenario donde la transgresión aparece como una de las pocas vías posibles de reconocimiento, pertenencia o subsistencia. Bajar la edad de imputabilidad es culpabilizar a la víctima final —el adolescente— por un proceso de exclusión del que es, ante todo, resultado. El Estado incumple primero y castiga después.

Esta culpabilización no es casual: responde a un paradigma neoliberal y meritocrático que presenta a cada individuo como único responsable de su destino, borrando las condiciones materiales, sociales e históricas que lo atraviesan. El delito se explica como elección personal y no como producto de una estructura desigual.

Ese discurso libera de responsabilidad al Estado y a la sociedad adulta. Instala la “mano dura” como respuesta mágica, un eslogan de seguridad vacío de soluciones reales. La seguridad verdadera es social y colectiva: se construye con inversión sostenida en derechos, no con más cárceles.

Bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad: es una confesión de fracaso. Es la decisión de un Estado que renuncia a cuidar, a educar y a incluir, y que elige, en cambio, administrar castigos. No busca resolver la violencia: busca gestionar el descarte. Y cuando una sociedad decide que sus pibes sobran, lo que está en juego no es el Código Penal, sino el pacto democrático mismo.