CUANDO CALLAN LAS RADIOS DEL BARRIO, HABLA EL SILENCIO DEL PODER

AUTOR

David Alos

Ese movimiento no nace hoy ni es un gesto aislado. Es la continuidad de un camino que empezó a trazarse en las primeras decisiones del gobierno de Mauricio Macri, cuando se desarmó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y se dio inicio a una etapa de retrocesos para la comunicación como derecho. Desde entonces, la brújula parece señalar siempre el mismo rumbo: hostigar a lxs trabajadorxs de prensa y asfixiar a los medios comunitarios, alternativos, populares e independientes, mientras se allana el terreno para los grandes conglomerados. Cambian los nombres de las resoluciones, cambian los funcionarios y los discursos, pero la lógica se repite: concentrar la palabra, reducir las voces y dejar la conversación pública en manos de los mismos monstruos de siempre.

La resolución llega después de dos años de ejecución cero del FOMECA, con una deuda millonaria hacia medios que ya habían sido adjudicados y sin explicaciones públicas sobre el destino de los fondos provenientes del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. En ese contexto, la eliminación del sistema específico de fomento no parece una modernización, sino un cierre de compuertas para quienes no tienen otra fuente de sostén.

El argumento oficial habla de actualización tecnológica, competitividad y atracción de inversiones. Pero el problema no es la tecnología: es la desigualdad estructural del ecosistema mediático. No es lo mismo una radio barrial sostenida por cooperativistas que un multimedio con respaldo empresarial. No es lo mismo una señal indígena que un canal con pauta millonaria. La igualdad abstracta, en contextos desiguales, suele ser la máscara más prolija de la injusticia.

Desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) advierten que el nuevo esquema abre la puerta para que empresas con fines de lucro reciban financiamiento estatal bajo una supuesta “igualdad de condiciones”, ignorando las asimetrías históricas del sector. También señalan que la medida favorece la concentración mediática y debilita los espacios de expresión autónoma.

La decisión además tensiona los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. La relatoría de la OEA ha sido clara: los Estados deben garantizar condiciones de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo para los medios sin fines comerciales. Es una obligación, no un gesto voluntario. La comunicación, en ese marco, no es una mercancía: es un derecho humano.

La Resolución 11/2026 fue firmada por Juan Manuel Ozores, interventor del ENACOM. Tiene cincuenta años, es licenciado en Administración de Empresas por la UCA, con posgrado en Marketing en el IAE Business School. Su recorrido profesional se desarrolló mayormente en el sector privado de telecomunicaciones, con pasos por Movicom BellSouth, consultorías y empresas vinculadas a analítica y servicios tecnológicos en América Latina y el Caribe. En los últimos años trabajó en Strata Analytics Group, con sede central en Florida, y figura como director en STRATA ANALYTICS PANAMA INC, la offshore de la empresa. También es socio, junto a su esposa, de NEVER STOP EXPLORING S.R.L., una firma inmobiliaria y constructora.

Más allá de los currículums, la pregunta es política: qué mirada sobre la comunicación guía estas decisiones. Porque administrar un organismo regulador no es lo mismo que lanzar productos o vender servicios. La comunicación es un terreno donde se juegan derechos, identidades, memorias y disputas culturales. No alcanza con saber de mercados cuando lo que está en juego es la palabra colectiva.

La eliminación del FOMECA impacta directamente en la sostenibilidad de los medios comunitarios. Son esos medios los que narran lo que no entra en las pantallas centrales: la asamblea del barrio, la lucha de una comunidad, el festival popular, la radio escolar, la lengua originaria que resiste. Son los que sostienen la pluralidad de voces cuando el mercado tiende a uniformarlo todo.

Hay decisiones que no suenan en los noticieros, pero resuenan en los pasillos de las radios comunitarias, en las redacciones autogestivas, en las asambleas donde la palabra es herramienta y refugio. La Resolución 11/2026 del ENACOM es una de esas. Con la firma del interventor Juan Martín Ozores, el organismo eliminó el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y lo reemplazó por el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FOPROA), modificando de raíz el sistema de financiamiento para los medios sin fines de lucro.

El cambio no es técnico ni neutral. Hasta ahora, el FOMECA estaba destinado exclusivamente a medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. Espacios pequeños, muchas veces precarios, pero indispensables para que la comunicación no quedara en manos de un puñado de empresas. Con la nueva norma, esos proyectos pasan a competir en igualdad formal con empresas comerciales de gran escala, con estructuras financieras, publicidad, pauta y respaldo corporativo.

En Argentina, la Ley 26.522 reconoció la comunicación como un derecho y estableció herramientas para democratizarla. Ese espíritu partía de una certeza simple: sin medios diversos, no hay democracia plena. Sin voces de abajo, la conversación pública queda en manos de unos pocos.

La Resolución 11/2026 no es solo un cambio administrativo. Es una señal de época. Un paso más en una política que concibe la comunicación como negocio y no como derecho. Un movimiento que favorece a los grandes jugadores mientras debilita a quienes sostienen la palabra desde abajo.

Cuando cierran los micrófonos comunitarios, el silencio no es neutral. Ese silencio siempre tiene dueño. Y suele hablar el idioma de los poderosos. Porque donde el mercado ordena la palabra, las voces populares quedan fuera de frecuencia. Y sin esas voces, la democracia se vuelve un eco vacío, repitiendo siempre lo mismo.