HASTA QUE UN DÍA DIJIMOS ¿NUNCA MÁS?

AUTOR

David Alos

Los testimonios de sobrevivientes, las pruebas judiciales y las investigaciones históricas han documentado con precisión el funcionamiento de centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte, el robo sistemático de bebés y la desaparición forzada de personas. El propio Estado argentino reconoció la existencia de este plan criminal. Por eso, la discusión sobre la cantidad de desaparecidos — 30.000 según organismos de derechos humanos — no altera lo esencial: la existencia de un sistema organizado de exterminio. Incluso un solo caso bastaría para definir la gravedad de los hechos.

Porque a 50 años, no es que no sepamos, todo lo contrario, sabemos demasiado. Sabemos de centros clandestinos. Sabemos de vuelos de la muerte. Sabemos de bebés robados. Sabemos de cuerpos que no volvieron y de nombres que siguen buscando justicia.

Durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, el aparato estatal fue utilizado para perseguir y eliminar a una parte de la población. Años más tarde, los juicios lograron condenar a varios de los responsables, muchos de los cuales murieron en prisión. En ese sentido, no hay mayor reparación histórica para un pueblo que saber que quienes diseñaron y ejecutaron el terror terminaron sus días condenados, atravesados por sus propias miserias y el peso de sus crímenes. Sin embargo, también persiste una deuda profunda: muchos de esos genocidas murieron sin aportar la información necesaria para reconstruir lo ocurrido. El destino de numerosos desaparecidos sigue sin conocerse y aún quedan aspectos centrales sin esclarecer.

La última dictadura cívico-militar no fue un exceso ni un desborde. Fue un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas ejecutado desde el Estado. Bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, se desplegó un aparato represivo que dejó miles de víctimas, familias destruidas y una herida que aún no termina de cerrar. La definición no es opinable: se trató de un genocidio.

Sin embargo, medio siglo después, aquello que supo ser un consenso social amplio comienza a resquebrajarse. Discursos que relativizan el terrorismo de Estado vuelven a ganar espacio en la escena pública. Desde el propio oficialismo, el presidente Javier Milei ha retomado la teoría de los dos demonios, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel, con una trayectoria ligada a la defensa de represores, sostiene una mirada que tensiona los consensos construidos en torno a la memoria, la verdad y la justicia. En la misma línea, los senadores Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, jefes de los bloques oficialistas, han vuelto a instalar la idea de los “terroristas”, reforzando una narrativa que busca equiparar responsabilidades y diluir el carácter sistemático del plan represivo. A esto se suma el accionar del Ministerio de Seguridad cuyas políticas frente a la protesta social reavivan prácticas de hostigamiento y represión que creíamos saldadas por la historia reciente.

En ese marco, la desclasificación de archivos de inteligencia vinculados al período 1973–1983, impulsada por el gobierno nacional, abrió más interrogantes que certezas. La falta de criterios claros en la selección y difusión del material, junto con una comunicación oficial orientada a instalar la idea de una “verdad completa”, encendió alertas en organismos de derechos humanos y especialistas. Lejos de constituir un aporte transparente al esclarecimiento histórico, el proceso corre el riesgo de ser utilizado para reforzar una lectura parcial que equipare responsabilidades entre el accionar del Estado y el de organizaciones políticas, reeditando una discusión que la sociedad argentina ya saldó con décadas de lucha, pruebas judiciales y memoria colectiva.

No se trata de una discusión nueva. A lo largo de las últimas décadas, la sociedad argentina atravesó distintos momentos en los que la memoria fue puesta en tensión: desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta los indultos y, posteriormente, la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. En ese recorrido, el NUNCA MÁS funcionó como un límite frente a los intentos de impunidad.

Hoy, ese límite vuelve a ser desafiado.

En paralelo, distintas prácticas del presente encienden señales de alerta: la represión de protestas sociales, el hostigamiento a organizaciones sindicales, políticas económicas que profundizan la desigualdad y un clima de confrontación que busca estigmatizar la protesta. En ese escenario, el NUNCA MÁS deja de ser únicamente una consigna vinculada al pasado y se proyecta como una herramienta para pensar el presente.

Dijimos Nunca Más, pero los miércoles les siguen pegando a nuestrxs jubiladxs. Dijimos Nunca Más, pero los sindicatos vuelven a ser atacados, desde adentro y desde afuera. Dijimos Nunca Más, pero regresan el neoliberalismo, la deuda externa y un modelo que privilegia las importaciones por sobre la producción y el trabajo. Dijimos Nunca Más, pero otra vez buscan empujar a lxs laburantes a un lugar de sumisión, con leyes que recortan derechos y un clima donde protestar se paga con escarnio y represión. Dijimos Nunca Más, pero volvemos a tener un presidente que tensiona los límites institucionales, deslegitima al Congreso y pone en cuestión el funcionamiento mismo de la democracia.

A 50 años del golpe, la memoria, la verdad y la justicia no son una herencia garantizada: son una construcción en disputa. Cada intento de relativizar el terrorismo de Estado, cada operación para reescribir lo ocurrido, cada gesto que habilita la violencia institucional, vuelve a poner en tensión los límites de nuestra democracia.

La historia argentina ya atravesó ese camino. Ya escuchó las dos campanas, ya juzgó a los responsables, ya construyó un consenso que no nació del relato sino de las pruebas, los testimonios y la lucha sostenida de los organismos de derechos humanos. Volver atrás no es una opción ingenua: es una decisión política.

Por eso, la pregunta que atraviesa este presente no es solo qué pasó, sino qué estamos dispuestos a tolerar.

Porque el Nunca Más no pertenece al pasado. Es una línea que se traza todos los días. Y si esa línea se corre, aunque sea un poco, lo que se pone en riesgo no es la memoria: es el futuro.

Queda mucho camino por recorrer, la lucha no ha terminado, pero la memoria por la verdad y la justicia, fue, es y será innegociable. Sin importar los intentos de borrar con el codo, lo que el pueblo ha escrito con su sangre.

La memoria no se negocia.

La verdad no se relativiza.

La justicia no se posterga.

Fue un genocidio.

Son 30.000.