FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: CUANDO LA DESIGUALDAD TIENE ROSTRO DE MUJER

AUTORA

Laura Ferraris

Las mujeres enfrentan mayores tasas de desocupación, empleos más precarios y salarios inferiores aun realizando tareas equivalentes. No se trata de falta de formación: por el contrario, las mujeres alcanzan mayores niveles educativos que los varones. Sin embargo, esa capacitación no se traduce en igualdad salarial ni en mejores oportunidades. Esta brecha no es individual: es una forma de discriminación estructural que ordena el mercado laboral.

Pero la desigualdad económica no termina en el salario. Se profundiza en el terreno invisible del cuidado. Las tareas de crianza, acompañamiento, limpieza, alimentación y sostenimiento emocional recaen mayoritariamente sobre las mujeres. No es “ayuda”, no es “instinto”: es trabajo no remunerado. Horas que sostienen la reproducción social y económica sin reconocimiento ni compensación

La maternidad, lejos de ser protegida, suele convertirse en un factor de expulsión laboral, especialmente en el empleo informal. Embarazarse puede significar despido. Faltar por el cuidado de un hijo enfermo puede implicar descuentos o pérdida del trabajo. En este escenario, el mensaje implícito es brutal: criar es una responsabilidad individual que el sistema penaliza.

A esto se suma el crecimiento de los hogares monomarentales — hogares sostenidos por mujeres — que presentan mayores niveles de pobreza e indigencia. Muchas de estas mujeres enfrentan ingresos inestables, trabajos precarios y, además, el incumplimiento sistemático de la cuota alimentaria por parte de progenitores que evaden su responsabilidad económica y afectiva. La carga del cuidado se vuelve entonces doble: sostener la vida sin respaldo ni corresponsabilidad.

Sin embargo, el discurso social suele invertir la culpa. La figura de la “mamá luchona” — instalada desde el prejuicio — no reconoce resiliencia ni esfuerzo: funciona como estigmatización. Se acusa a mujeres pobres de “vivir de planes”, de “embarazarse por subsidios”, ignorando deliberadamente que las transferencias sociales son mínimas frente al costo real de criar.

Los números desmontan el mito. A comienzos de 2026, la Asignación Universal por Hijo ronda los $125.000 por menor. La Canasta de Crianza — que mide el costo real de sostener a un niño — supera los $600.000 mensuales en edades escolares. Esto significa que la asignación cubre apenas una fracción del gasto total. No hay renta cómoda ni beneficio extraordinario: hay supervivencia.

Aunque las asignaciones se actualizan por inflación, su crecimiento no logra equiparar el aumento sostenido de los costos de crianza. Alimentación, educación, salud, transporte y cuidado evolucionan a ritmos que amplían la brecha entre ingresos y necesidades reales. El resultado es una presión constante sobre hogares que ya parten de una situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la discusión sobre la reforma laboral adquiere una dimensión de género insoslayable. La flexibilización del empleo — bajo el argumento de dinamizar el mercado — suele impactar con mayor crudeza en quienes ya ocupan posiciones precarias.

Ser mujer en Argentina no es solo una condición de identidad: es un factor que condiciona el acceso al trabajo, los ingresos, el tiempo, el cuidado y la supervivencia cotidiana. La feminización de la pobreza no es un concepto académico abstracto — es la vida concreta de millones de mujeres que sostienen hogares, crían en soledad y enfrentan un sistema que les exige todo mientras les devuelve poco o nada.

Decir que la pobreza tiene rostro de mujer no es una consigna ni una exageración discursiva: es una realidad estructural que impacta diariamente en mujeres, niñas, niños y adolescentes. En una Argentina profundamente desigual, el género continúa siendo un factor determinante en la relación entre las personas y la economía.

Las estadísticas son claras: las mujeres presentan mayores niveles de pobreza que los varones. Detrás de esa cifra no hay casualidad, sino un entramado de desigualdades que atraviesa el acceso al empleo, los ingresos, el reconocimiento del trabajo y la distribución del tiempo.

Para muchas mujeres, especialmente madres, la inestabilidad laboral significa menos protección, menor previsibilidad y mayor riesgo de exclusión. Cuando el trabajo pierde garantías, la maternidad se vuelve aún más penalizada.

La feminización de la pobreza no es solo una cuestión económica: es una estructura que combina desigualdad salarial, sobrecarga de cuidados, estigmatización social y falta de políticas integrales que reconozcan la corresponsabilidad del Estado, del mercado y de los progenitores.

Las transferencias sociales cumplen un rol de contención, pero no sustituyen políticas de empleo digno, sistemas de cuidado, cumplimiento efectivo de responsabilidades parentales ni estrategias que garanticen autonomía económica. Sin estas herramientas, las mujeres continúan sosteniendo hogares en condiciones desiguales mientras el sistema reproduce brechas históricas.

Hablar de feminización de la pobreza no es victimizar a las mujeres: es reconocer que millones sostienen la vida cotidiana en condiciones profundamente injustas. Mientras la maternidad siga siendo penalizada, el cuidado invisibilizado y la precariedad laboral naturalizada, la desigualdad seguirá teniendo rostro de mujer. La pregunta no es cuánto resisten las mujeres, sino cuánto más puede sostener una sociedad que descarga sobre ellas el peso de su propia fragilidad. Reflexionar sobre esto no es un gesto ideológico: es un acto de justicia social.

Frente a esta realidad, la salida no puede seguir recayendo únicamente sobre los hombros de las mujeres. Que sean ellas quienes encabecen ollas populares, sostengan merenderos, organicen redes de cuidado y formen cooperativas habla de una fuerza colectiva inmensa, pero también de un Estado que llega tarde o no llega. La solidaridad no puede reemplazar derechos. Si la pobreza tiene rostro de mujer es porque las decisiones económicas, laborales y sociales siguen ignorando quiénes sostienen la vida todos los días. La transformación no será individual ni silenciosa: requiere políticas concretas, corresponsabilidad real de los progenitores y un compromiso social que deje de romantizar la resistencia femenina y empiece a garantizar condiciones dignas para vivir. Porque no se trata de cuánto más pueden aguantar las mujeres, sino de cuánto más estamos dispuestos a naturalizar una desigualdad que tiene consecuencias directas sobre las infancias y el futuro colectivo.