LA LIBERTAD NO SE DELIMITA CON VALLAS

AUTOR

David Alos

Y es entonces cuando decide cercar a la prensa, advertirle dónde puede pararse y responsabilizarla por la violencia que puedan ejercer sus propias fuerzas. No es una coincidencia: es una estrategia para debilitar la movilización popular el mismo día en que todas las centrales obreras convocan a un paro general contra esta reforma bochornosa.

Este comunicado no puede leerse en abstracto. Llega después de decenas de movilizaciones reprimidas y de periodistas heridos mientras trabajaban. Llega en un contexto donde la palabra “libertad” es usada como bandera, pero al mismo tiempo se intenta establecer quién puede hablar, desde dónde y bajo qué condiciones. Una vara doble que se vuelve cada vez más evidente.

Hay comunicados que parecen escritos para proteger, pero en realidad funcionan como advertencia. El reciente anuncio del Ministerio de Seguridad, que dispone zonas específicas para la prensa y habla de “autopuesta en peligro” si lxs periodistas se ubican fuera de ese perímetro, no es una simple recomendación logística: es un mensaje político. Y ese mensaje es grave.

Limitar dónde puede estar un cronista, un fotógrafo o un camarógrafo durante un operativo represivo es limitar lo que puede registrarse. Es condicionar la mirada. Es decidir de antemano qué se puede ver y qué debe quedar fuera del encuadre. No es una cuestión técnica: es una cuestión de poder.

El concepto de “autopuesta en peligro” es el punto más inquietante del comunicado. Bajo esa formulación, el Estado traslada la responsabilidad de posibles agresiones desde quienes ejercen la fuerza hacia quienes la documentan. El razonamiento implícito es brutal: si un periodista es herido, la culpa sería suya por no haberse quedado dentro del corralito asignado.

Es una lógica peligrosa. Y también una forma de amenaza.

Porque documentar el accionar policial no es un riesgo personal asumido por voluntad propia. Es una función social esencial para la vida democrática. Sin periodistas que puedan registrar lo que ocurre en la calle, la sociedad pierde una de sus principales herramientas para controlar al poder. Cuando el Estado decide dónde puede mirar la prensa, lo que está haciendo es intentar decidir qué puede ver la sociedad.

Y entonces la pregunta aparece sola, como una consigna que se eleva por encima del ruido de las sirenas y los escudos: ¿qué es lo que tienen tanto miedo que mostremos?

No deja de ser curioso —y profundamente revelador— que esta amenaza a la prensa aparezca justo después de que el propio gobierno tuviera que retroceder con el artículo de la reforma laboral que habilitaba la baja de salarios por enfermedad. El mismo gobierno que impulsa una reforma regresiva que contribuye a la precarización laboral que ya todxs conocemos, es ese gobierno el que sabe que el pueblo va a salir a la calle a rechazar ese proyecto.

Cuando el gobierno pretende fijar un perímetro para la prensa y advertir sobre las consecuencias de salirse de él, los límites de la democracia se vuelven grises, finos, peligrosamente frágiles. Porque si el poder decide desde dónde se puede informar, el siguiente paso es decidir qué se puede decir.

Eso tiene un nombre. Y no es seguridad. Es censura previa.

Hoy intentan disciplinar a la prensa con vallas y comunicados. Mañana será con sanciones, acreditaciones selectivas o persecuciones judiciales. El objetivo es el mismo: que no se vea la violencia con la que avanzan las fuerzas de seguridad sobre quienes protestan.

Por eso, frente a estas disposiciones, es imprescindible repudiar cualquier intento de condicionar la cobertura periodística.

Defender la libertad de prensa no es una consigna abstracta: es defender el derecho de la sociedad a saber qué ocurre en las calles.

Porque sin cámaras, sin micrófonos, sin ojos que registren, la represión se vuelve más fácil. Más silenciosa. Más impune.

La calle es un derecho, no una concesión. Y la libertad de prensa no se negocia: se ejerce.