LA MEMORIA SEGÚN BAÑOS S.A.: CUANDO NEGAR EL PASADO PARECE POLÍTICA PÚBLICA

AUTORA

Laura Ferraris

Si de algo dejó constancia el paso por la ONU de Alberto Baños —adonde, recordemos, fue invitado para hablar del protocolo antipiquetes y del desfinanciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia— es de que, con suficiente voluntad, incluso los hechos más estudiados pueden convertirse en un borrador caprichoso.

El archivo nacional, al parecer, viene con corrector automático… lástima que borra más de lo que arregla.

Baños llegó con la tranquilidad del que cree que está inaugurando una teoría brillante. Y sí, brillante fue: pocas veces se vio un funcionario explicar violaciones a los derechos humanos… relativizándolas. Un acto de malabarismo discursivo digno de un circo que, lamentablemente, no tiene nada de gracioso.

Negar como quien comenta el clima

En su exposición, Baños insistió —otra vez— en sembrar dudas sobre el número de desaparecidos. Como si cuestionar los 30.000, cifra respaldada por organismos de derechos humanos, múltiples equipos de investigación y décadas de trabajo archivístico y testimonial, fuera un ejercicio inocuo, casi un pasatiempo intelectual. Irónico: si hay un tema sobre el que no falta evidencia, es justamente este.

Recordemos que durante la última dictadura militar en Argentina, el Estado organizó un plan sistemático de desaparición forzada, con centros clandestinos, vuelos de la muerte y robo de bebés. No es un invento, no es un mito urbano, no es un “relato”. Está documentado en sentencias judiciales, archivos desclasificados, pericias forenses, y testimonios directos de sobrevivientes y familiares. Pero para Baños, aparentemente, todo eso es negociable. Tal vez porque cuestionar datos incómodos se ha vuelto una política comunicacional más que una postura académica.

Hay quien mira el pronóstico del tiempo… y quien revisa la historia como si también dependiera de la humedad.

El negacionismo como estrategia exportable

Lo más llamativo es que la exposición tenía otro propósito. La ONU esperaba que Argentina explicara por qué aprobó un protocolo antipiquetes que organizaciones internacionales califican como represivo, y cómo piensa garantizar el derecho a la protesta social. También querían escuchar qué pretendía hacer el Gobierno frente al recorte sistemático de programas de memoria, acompañamiento a víctimas, preservación de sitios históricos y continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Pero Baños prefirió hablar de otra cosa. Como si el escenario fuera perfecto para ensayar el viejo truco: cuando el presente apremia, desviemos la conversación hacia el pasado… para relativizarlo.

La lógica es transparente: si se logra instalar que los crímenes de la dictadura no fueron tan graves, o que el número de víctimas es “discutible”, entonces ¿qué tan mal puede estar que el Estado limite la protesta o recorte políticas vinculadas a los derechos humanos? El negacionismo, nuevamente, funciona como lubricante para las políticas actuales.

Cuando no podés defender el presente, siempre queda pegarle un manotazo al pasado… total, parece que ya no factura derechos de autor.

La ironía involuntaria

Resulta casi poético —si es que la palabra cabe en este contexto— que el funcionario encargado de promover políticas de derechos humanos sea quien dedique tanta energía a cuestionar las bases mismas de la memoria democrática.

Uno esperaría que un subsecretario de DD.HH. represente al país defendiendo décadas de trabajo institucional que hicieron de Argentina un caso ejemplar en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Pero no. Baños parece cómodamente instalado en la tarea de reinterpretar el pasado como si fuera un archivo editable. Quizás piensa que los recuerdos colectivos funcionan como los documentos de Word: con un simple “Control-Z”, todo vuelve atrás.

Lástima que en la vida real no existe el botón “Revertir negacionismo”.

Memoria: un derecho, no una opinión

Pero la memoria no puede desmontarse como si fuera una escenografía. No es ideología: es derecho, es política de Estado, es historia comprobada. No se trata de repetir slogans, sino de sostener hechos: la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible y reconocido internacionalmente. El número exacto de víctimas nunca será completamente cerrado —porque el propio método represivo lo impide—, pero negar la magnitud del terrorismo de Estado es una forma de justificarlo.

La pregunta es inevitable:

¿qué gana un funcionario público poniendo en duda tragedias que otras generaciones se esforzaron por documentar con precisión casi dolorosa?

¿Por qué insistir en un gesto que no aporta información, pero sí erosiona consensos fundamentales?

Si la memoria fuera opcional, ya tendríamos apps para instalar la versión “light” de la historia.

Cuando el silencio oficial también es un mensaje

Todo esto en un contexto en el que los presupuestos para políticas de memoria están en su punto más bajo en años. Sitios de memoria sin mantenimiento, equipos de acompañamiento reducidos, programas suspendidos o desfinanciados. Y mientras tanto, el Gobierno envía a su subsecretario a relativizar cifras y conceptos.

Si la memoria se debilita, no es porque falten pruebas: es porque faltan decisiones políticas para preservarla.

El recorte no fue presupuestario nomás: parece que también vino con tijera en la línea del tiempo.

La historia no se ajusta a preferencia

Es posible querer discutir políticas públicas; es deseable mejorar instituciones; es legítimo tener diferencias ideológicas. Lo que no es posible —o al menos, no sin consecuencias graves— es manipular el pasado para justificar el presente.

La historia reciente argentina no es una zona gris. Tiene nombres, fechas, testimonios, documentos y fallos judiciales. Tiene dolor, lucha y verdad construida colectivamente durante casi cuatro décadas.

Por suerte, también tiene algo más: una sociedad que, aunque cansada, sigue dispuesta a defender la memoria. Porque entender lo que pasó no es un capricho de militantes; es la única forma de garantizar que nunca vuelva a pasar.

Y mientras algunos juegan a editar la historia, la sociedad sigue guardando el archivo original. Así que sí: Baños puede seguir intentando explicar que los datos no son datos, que los desaparecidos son opinables y que las políticas represivas son apenas “protocolos”. Pero cada vez queda más claro que lo que está en juego no es solo el pasado: es el futuro de nuestros derechos.