CINCUENTA AÑOS DESPUÉS: EL NEGACIONISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

AUTOR

David Alos

El gobierno eliminó esta herramienta mediante el Decreto 727/2024, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo no puede realizar tareas de “investigación criminal” ni acceder a datos privados.

Pero los organismos de derechos humanos advierten lo evidente: sin esta unidad, la búsqueda se vuelve más lenta, más burocrática, más injusta. Cada archivo ahora depende de autorizaciones judiciales que llegan tarde en una carrera contra el tiempo. Porque las Abuelas no son eternas, pero la búsqueda sí debería serlo.

A pesar de todo, en julio de 2025 se restituyó la identidad del nieto 140. No fue gracias al Estado, sino a la persistencia, al amor obstinado de una hermana y al cruce de datos genéticos.

Aún quedan alrededor de 300 nietos y nietas que no conocen su verdadera historia.

Desde la vuelta a la democracia y el Juicio a las Juntas, se construyó en la sociedad argentina un consenso profundo: el terrorismo de Estado no fue una “guerra”, fue un plan sistemático de exterminio. Durante décadas, esa verdad se sostuvo como una conquista colectiva frente a los intentos de relativización de sectores que insistieron —y aún insisten— en reinstalar la teoría de los dos demonios.

La Argentina supo ser faro en materia de derechos humanos. Los juicios a los represores, el trabajo incansable del Equipo Argentino de Antropología Forense en la restitución de identidades, la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a los bebés apropiados, y una política estatal activa en Memoria, Verdad y Justicia construyeron un camino ejemplar a nivel mundial.

Pero hoy, ese camino está siendo deliberadamente erosionado.

El ajuste y la austeridad también avanzaron sobre los derechos humanos. En agosto de 2024, el gobierno nacional cerró la Unidad de Investigación de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), creada en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo.

Su función era clave: recibir a personas con dudas sobre su identidad —nacidas entre 1975 y 1983— y realizar investigaciones documentales que permitieran determinar si eran hijas o hijos de desaparecidos. Era el puente entre la duda y la verdad, entre la sospecha y la justicia.

En 2004, esta tarea se fortaleció con la creación de una Unidad Especial de Investigación con acceso directo e irrestricto a archivos estatales —policiales, militares, registros civiles—, lo que permitía detectar irregularidades sin depender de autorizaciones judiciales constantes.

El derecho a la identidad no es una consigna: es un derecho humano básico. Y hoy está siendo vulnerado y desfinanciado de manera deliberada.

La libertad avanza —dicen—, pero avanza solo para los genocidas.

Organismos de derechos humanos denuncian que el 83% de los represores detenidos goza de arresto domiciliario, muchas veces con controles laxos. No se trata solo de cifras: se trata de impunidad concreta. Casos como el del represor Olivera, que organizó una fiesta en su casa mientras cumplía prisión domiciliaria por “problemas de salud”, exponen el nivel de degradación del sistema.

A esto se suma el desmantelamiento de los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas. Eran estos equipos los que encontraban pruebas clave —libros de guardia, órdenes de servicio— que luego sostenían las acusaciones judiciales. Sin ellos, la justicia pierde herramientas, y la verdad, terreno.

La Secretaría de Derechos Humanos, además, ha dejado de ser querellante en múltiples causas, retirando al Estado de su rol activo en la persecución penal de los responsables del genocidio.

También los sitios de memoria están siendo vaciados. Espacios como la ex ESMA —declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— enfrentan un presupuesto cero para 2026. Menos trabajadores, menos horarios, menos memoria disponible.

Porque cuando se vacían los espacios, también se intenta vaciar el sentido.

No es una percepción aislada. Relatores especiales de la ONU advirtieron recientemente sobre un “rápido deterioro” y “alarmantes retrocesos” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. El país que supo ser ejemplo, hoy es señalado por retroceder.

Y sin embargo, incluso en este contexto adverso, la memoria insiste.

En la víspera de un nuevo 24 de marzo, una noticia irrumpe como luz en la grieta: la justicia federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de 12 personas desaparecidas entre 1976 y 1983, halladas en un predio militar que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio: La Perla.

Doce nombres que dejan de ser ausencia. Doce historias que vuelven a tener cuerpo. Doce familias que podrán, al fin, llorar con certeza.

A pesar de la motosierra, este 24 de marzo habrá quienes marchen con una calma distinta. La calma dolorosa de saber. La calma necesaria para transformar el duelo en memoria y la memoria en lucha.

No podemos permitir que el discurso negacionista vuelva a instalar la teoría de los dos demonios. No fue una guerra. Fue el Estado desplegando todo su aparato para disciplinar al pueblo: secuestrar, torturar, violar, fusilar, desaparecer, arrojar cuerpos al mar y robar bebés.

No hay equivalencias posibles.

La teoría de los dos demonios intenta poner en un mismo plano a personas —individuales u organizadas— frente al aparato represivo del Estado. Pero el Estado tiene el monopolio de la violencia, y cuando esa violencia se vuelve sistemática y clandestina, se convierte en terrorismo.

Aún hoy, la reparación es incompleta. No sabemos dónde están todos los cuerpos. No conocemos la identidad de todos los nietos y nietas. No han sido juzgados todos los responsables.

Y todavía hay sectores que avalan, justifican o minimizan el horror. Lo demuestra una herida abierta: la desaparición de Julio López, dos veces desaparecido en democracia, como recordatorio brutal de que la impunidad no es pasado, sino amenaza latente.

El gobierno de Javier Milei dice defender la libertad. Pero su libertad es selectiva: es libertad de mercado, libertad de consumo. No es libertad para la memoria, ni para la justicia, ni para la verdad.

Por eso, hoy, a 50 años del 24 de marzo de 1976, la respuesta no puede ser el silencio.

Tiene que ser más voz. Más cuerpo en la calle. Más memoria compartida.

Porque si tocan la memoria, respondemos. Si niegan la historia, gritamos.

Y porque hay algo que no se negocia, no se ajusta y no se olvida:

¡Nunca más!

¡Fueron 30.000!